de Juan Manuel Martínez Chas
Altos funcionarios del gobierno nacional y sectores empleadores han comenzado los últimos días con una nueva embestida para tratar el año entrante la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación.
Debemos recordar que la citada iniciativa, mezcla de reformas a la baja, tanto el derecho individual como colectivo de los trabajadores, no contó con el consenso parlamentario y la firme oposición de la Confederación General del Trabajo, por lo que no fue tratada en el corriente año.
El gobierno nacional demuestra una vez más su incapacidad para la generación de empleo, y utilizando viejas ideas de las escuelas de Chicago y el consenso de Washington, vuelve a insistir con el costo laboral como responsable de los males de nuestra economía. En realidad la baja del consumo, un presupuesto que restringe derechos y que castiga el consumo interno que representa el 80% del PBI de nuestro país son los verdaderos responsables de esta situación de recesión y conculcación de derechos laborales a través de una flexibilización de hecho que ha alentado la actual administración a partir de su asunción el 10 de diciembre de 2015.
Debemos recordar que está establecido y comprobado a nivel mundial que la mayor o menor rigidez de la legislación laboral no se vincula directamente con la creación de empleo, organismos tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE), vienen señalando la falta de consistencia científica de esta afirmación. Por el contrario en los países con mejor legislación laboral se notan las mejores performance en materia de igualdad salarial, igualdad en el acceso a los servicios sociales y además lo países con alta tasa de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva son los países que se muestran más igualitarios y con una democracia social y participativa que debe ser reconocida a nivel mundial.
El derecho internacional de los derechos humanos con raigambre constitucional a partir del año 1994 en nuestra Constitución Nacional impide las reformas regresivas, establece como punto de partida el principio de progresividad, esto es la necesidad de que en materia de derechos sociales, económicos y culturales, la legislación de los países avance hacia estándares mayores de protección.
En materia del derecho del trabajo la garantía de los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, así como los derechos de los trabajadores y el acceso a sistemas de seguridad social de cada vez más cobertura, implican la intensidad de la democracia y de la integración social en la búsqueda de la justicia social y las posibilidades de gobernar países donde las desigualdades lucen a la vista.
Debemos resaltar que el movimiento sindical argentino y los movimientos populares vienen cumpliendo una labor importante, no solo de canalización del conflicto sino de establecer la agenda que resulta necesaria para estos tiempos en que el neoliberalismo arrasa con las conquistas y con la dignidad de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Es evidente que la consigna tierra, techo y trabajo, y por otro lado la necesidad de profundizar sobre todo en épocas de crisis la cobertura de la legislación del trabajo y de la seguridad social son los pilares fundamentales para sostener una democracia social con participación y con dignidad para todos los hombres que trabajan, como señalaba el Gral. Juan Domingo Perón esa es la base para la justicia social la que debe ser conquistada si es necesario con la lucha.
Debemos estar convencidos de que el movimiento sindical organizado y la necesidad de profundizar los lazos con los movimientos sociales, el fortalecimiento de la justicia del trabajo que desde hace largo tiempo es acosada por el poder de turno, deben ser los pilares fundamentales de la reconstrucción de este derecho tuitivo que debe ser profundizado, afianzado logrando mayores niveles de protección.
La reforma laboral es el nuevo nombre del fracaso de un modelo político, social y económico que sostiene los niveles de privilegio y se olvida de la dignidad de la persona humana.