DOSSIER | Salario universal federal

Actualizado: nov 9

Por María Eva Bellini


En los últimos días se ha suscitado una discusión política, económica y académica entorno a la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como política de Estado, en respuesta a las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19. Esta nota tiene, entonces, el propósito de aportar algunas herramientas e ideas para abordarla.


Las voces que se escuchan respecto a la continuidad del IFE están dadas por diferentes visiones que plantean la instalación de un ingreso ciudadano, una renta universal o un salario universal, respectivamente. Cabe destacar que el universo alcanzado por este programa corresponde a más de 9 millones de argentinos y argentinas.


La mirada que creemos conveniente destacar se centra en la revalorización del concepto de Salario Universal, dado que comprende en su génesis la existencia de creación de valor, el cual solo será posible a través del trabajo, con su consecuente remuneración. Además, y en función de las conquistas de los años ‘50 en nuestro país, esta noción representa e incluye el acceso a los derechos de seguridad social.


Por lo tanto, decidir la denominación e implicancia que tomará la continuidad del actual IFE no es menor. El concepto de Salario Universal admite implícitamente que todxs somos trabajadores, todxs somos parte de la realización de satisfactores que resuelven necesidades sociales y que por ende, esas actividades deben ser reconocidas en toda su dimensión. Este reconocimiento no solo significa la posibilidad de obtener una remuneración por las tareas realizadas sino que además implica la inserción en la comunidad a través del trabajo, dignificando a las personas en tanto útiles para su entorno.


Coraggio (2004) plantea la existencia de cuatro tipos de trabajo en cualquier tipo de sistema económico: 1- el trabajo de reproducción, 2- el trabajo mercantil que puede ser independiente o asalariado, 3- el trabajo de formación, y 4- el trabajo comunitario. Esto demuestra que los conceptos con los cuales se caracteriza al mercado laboral actualmente deberían re-pensarse dado que no reflejan las actuales estructuras del mundo de trabajo en el siglo XXI. En este sentido, se continúa pensando en términos fordistas de producción con una mirada ortodoxa respecto a “lo económico”, donde la única forma válida de inserción laboral es a través del mercado.


De esta super síntesis conceptual sobre lo que entendemos por trabajo, la propuesta es clara: el salario universal reconoce la creación de valor y, en consecuencia, la existencia allí de un trabajo. De esta forma, se torna necesario abordar al menos dos puntos de los tipos de trabajo mencionados y su estructuración territorial en toda la Argentina, entendiendo que si se consideran estas diferencias geográficas se puede determinar el impacto económico y social de tal política en términos federales.


Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que solo obtiene información de los grandes aglomerados urbanos de las diferentes provincias, para el primer trimestre de este año las mujeres entre 18 a 65 años consideradas “inactivas” representaban en promedio el 71% del total de esta población, mientras que respecto a la población total de mujeres representan el 37% en promedio. Si ponemos la lupa con perspectiva de género, cabría preguntarse: ¿Podemos pensar que ellas no hacen ninguna tarea?


Retomando los aportes de Coraggio (2004) y los de la economía del cuidado, estaríamos en condiciones de pensar que es más que probable que estas mujeres clasificadas como “inactivas” en realidad sí realicen un trabajo y, en ese caso, se encuentren produciendo valor. Esta posición se evidencia en la pregunta de la EPH en cuanto al motivo de la inactividad donde las mujeres señalan que la misma se explica por su rol de “amas de casa”. En términos territoriales, las mujeres que esgrimen esta causa para el Gran Buenos Aires explican el 51%, para el NOA un 44%, para el NEA un 45%, Cuyo un 44%, la región Pampeana un 42% y en la patagonia un 47%.


Por lo tanto, es válido pensar que estas mujeres deben ser reconocidas como Trabajadoras porque ya realizan una actividad por la cual percibir un salario en tanto y en cuanto generan valor. Esto tendría una implicancia económica fundamental en la dignificación de estas actividades, reconociéndolas como tareas de cuidado que sostienen y posibilitan el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. De igual manera podría pensarse el caso de los trabajadores y trabajadoras independientes o autónomos que, como también describe Coraggio (2004), es una de las nuevas modalidades de generación de trabajo que el sistema económico se ha dado desde los años ‘70 en adelante.


En este caso, los datos que aporta la EPH sobre las y los trabajadores independientes - entre los 18 a 65 años - sin formación en el nivel superior (completa o incompleta), es que representan en promedio el 14% del total de ocupados. Sin embargo, en el NEA y el NOA se supera esta incidencia, representando un 16% y 17% respectivamente. Les sigue la región Pampeana donde los y las trabajadoras independientes representan un 15% del total, en coincidencia con los porcentajes del Gran Buenos Aires y Cuyo. Por último, la Patagonia se encuentra por debajo del promedio general con un 12%.


Lo anterior refleja que la empleabilidad no es posible ni homogénea en cualquier punto de la Argentina, y la necesidad de reconocer - mediante el salario universal - como Trabajadores y Trabajadoras a esta porción de la sociedad que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad a cualquier crisis económica. Por ello, consideramos necesario garantizar un ingreso mínimo y el acceso a derechos a este universo de personas trabajadoras volcadas principalmente a las ramas de comercio ambulante, reciclado y construcción, entre otras.


En términos de ingresos menos variables, se encuentran en mejores condiciones los trabajadores asalariados precarizados. Es decir, aquellos trabajadores que no reciben ningún tipo de descuento jubilatorio. Allí también se observan las profundas diferencias estructurales de nuestro territorio y la dinámica económica: mientras que para el Gran Buenos Aires y la región Pampeana estos representan el 35% de los asalariados, en la región Cuyo llega al 43%, en el Nea y Noa al 40%, siendo el único lugar de menor incidencia la Patagonia con un 20%.


Por último, aquellas y aquellos trabajadores que hoy no cuentan con una actividad continua, denominados desocupados, tienen mayor incidencia en aquellos sectores donde la empleabilidad es mayormente posible, es decir Gran Buenos Aires en un 11,5%, la región Pampeana en un 10,5%, Cuyo en un 9,9%, la Patagonia en un 7,3%, el Nea en un 7,2% y el Noa en un 5,4%. Esto es un claro espejo de la situación de crecimiento de trabajadoras y trabajadores independientes y asalariados precarizados. Por lo tanto, el Salario Universal pondría estabilidad para los primeros y complementaria los ingresos de los segundos, siendo para los desocupados un importante resguardo en el reconocimiento como trabajadores.


Por todo lo expuesto, se considera necesario incorporar al SALARIO UNIVERSAL como concepto de continuidad del IFE ya que no solo permitirá la valorización y reconocimiento de los diversos tipos de trabajo existentes por fuera del trabajo asalariado tradicional, sino que además, permitirá repensar las políticas de empleabilidad del siglo SXII, sin que implique renunciar a las conquistas en derechos de seguridad social.




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