Por Carolina Brandariz* y Lucía Glimberg**
“Nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres”1
Eva Duarte
La irrupción del Coronavirus en la Argentina nos encuentra con un fuerte deterioro social y económico producto de las políticas de los últimos 4 años, donde aumentó la pobreza, la desocupación y la informalidad laboral. Si bien desde diciembre, y sobre todo a partir de la emergencia sanitaria que estamos transitando, presenciamos las políticas de un Estado presente, desplegando distintas medidas regulatorias y distributivas para aminorar los efectos de la pandemia, la misma impacta sobre un escenario de mucha desigualdad estructural, visibilizando aún más y para el conjunto de la sociedad problemas que, si bien no eran nuevos, se profundizaron aún más.
La salida a la pandemia nos encontrará en una situación muy adversa en términos económicos, en donde a aquella pobreza estructural se suman cada más argentinas y argentinos cuya condición de vida los ubica por debajo de la línea de pobreza. En este sentido, es fundamental profundizar las discusiones y generar un acuerdo social sobre un proyecto estratégico nacional que contemple políticas públicas orientadas a producir verdaderos cambios estructurales que permitan sentar las bases para la reconstrucción de una Argentina para todas y todos.
En particular en los últimos meses, la instrumentación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), alcanzando a casi 9 millones de personas (de un total de 12 millones de preinscriptos) y más que duplicando la cantidad de destinatarios previstos, profundizó los debates sobre la concentración económica y la crítica situación ocupacional de la Argentina, en donde conviven diversas realidades y formas de producción y trabajo. Entre ellas se encuentra el amplio sector de la economía popular, uno de los grandes emergentes de los últimos años, cuyas formas de trabajo lejos de ser transitorias, ya son parte de la estructura ocupacional de nuestro país.
Este panorama expuso la urgente necesidad de dar respuestas precisas y acabadas que permitan terminar con la vulneración de derechos de millones de compatriotas, en particular, de profundizar el reconocimiento, formalización y valorización de las actividades económicas y productivas de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular – quienes asociados o autogestionados crean su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios –, garantizando sus derechos laborales y la percepción de ingresos suficientes para salir de la pobreza.
Esta lucha por el reconocimiento y valorización es parte del recorrido que vienen haciendo las trabajadoras y trabajadores a partir de su organización en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y del logro de la sanción la Ley de Emergencia Social en el año 2016. Esta Ley reconoce el Salario Social Complementario (SSC) como complemento a los ingresos que generan los propios trabajadores del sector, con una movilidad vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil y la representación en el Consejo del Salario. Por su parte, la misma también dispone la creación del Registro de Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), recientemente creado, importante avance en el proceso de formalización e institucionalización del sector, reconociendo los saberes y el trabajo en distintas ramas productivas y posibilitando la planificación y el desarrollo del sector atendiendo a sus formas organizativas.
Ante la emergencia social y económica que estamos transitando, a partir de los datos que surgen del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del ReNaTEP, es fundamental avanzar en una política social vinculada a la reactivación económica y la articulación con el trabajo, institucionalizando y ampliando el alcance de la política de salario social a través de herramientas como el Programa Potenciar Trabajo, que permita reconocer saberes, formalizar y vertebrar esquemas de trabajo en distintas ramas productivas con la mira puesta en “empezar por los últimos para llegar a todos”.
La crisis sanitaria que estamos atravesando, además de acentuar los problemas relacionados al trabajo de un gran número de argentinas y argentinos, también profundizó la crisis sobre cómo la sociedad organiza los cuidados, donde aún prevalece el mandato cultural que deposita esta responsabilidad sobre las mujeres, al tiempo que invisibiliza estas tareas. En este contexto, donde se modificaron fuertemente las rutinas y las dinámicas familiares y sociales, donde no contamos con instituciones como la escuela y se encuentran más restringidas las posibilidades de contar con servicios de cuidado, la pregunta sobre cómo se resuelven los cuidados ha vuelto al interior de los hogares y ha visibilizado como éstos intensifican las desigualdades sociales.
Así como la economía popular, a partir del reconocimiento y organización de sus trabajadoras y trabajadores es uno de los grandes emergentes de estos tiempos, también lo es el movimiento feminista. Ambos coinciden en que el trabajo no implica únicamente la tradicional relación de empleo asalariado, sino que existen múltiples formas de trabajo que es fundamental dejar de invisibilizar y avanzar en su formalización e institucionalización como actividades generadoras de riqueza, entre ellas las tareas de cuidado.
Los cuidados son el nudo de la desigualdad por la cual millones de mujeres se incorporan al mundo del trabajo según sus posibilidades para conciliar la vida doméstica y la vida laboral. La dificultad o imposibilidad de accedes a servicios de cuidado (ya sea públicos o privados) y la falta de reconocimiento económico por la realización de estas tareas, representa para muchas mujeres una segunda o tercera jornada laboral y/o un obstáculo para mejorar sus condiciones laborales y salariales.
La sobrecarga en las tareas de cuidado dificulta el acceso al mercado laboral o bien concentra a las mujeres en empleos precarios, verificándose tasas más altas de desocupación, subocupación y empleo no registrado e importantes brechas de ingresos que afectan negativamente a las mujeres. Esto, sumado a los porcentajes de segregación horizontal y vertical, que ubican a las mujeres en las actividades feminizadas del mercado de trabajo y en puestos de trabajo de menor jerarquía, evidencia el peso que aún tienen las visiones tradicionales respecto del modelo productivo y la división sexual del trabajo. Visión que oculta, sin embargo, un factor agudo de inequidad en tanto las mujeres están cada vez más insertas en el mundo del trabajo y, a su vez, siguen siendo las principales responsables de las tareas de cuidados. Asimismo, estos factores repercuten directamente en las trayectorias laborales (que se evidencian más discontinuas) y, consecuentemente en el acceso a derechos fundamentales como la seguridad social.
La crisis de los cuidados se acentúa aún más en los sectores populares donde las condiciones de vida y la vulneración de derechos restringen las estrategias de desfamiliarización de los cuidados, los cuales suelen resolverse al interior del hogar por los propios miembros de la familia (generalmente mujeres: madres, hermanas, abuelas, etc.) o comunitariamente a partir del trabajo diario de muchísimas mujeres en comedores, merenderos y distintos espacios comunitarios de cuidados. En el actual escenario que estamos atravesando, en particular puede observarse cómo en los centros urbanos muchas familias resuelven los cuidados de personas mayores (las más vulnerables en este contexto) a través de servicios privados de cuidado – altamente mercantilizados y onerosos -, donde el presupuesto destinado a cubrir este servicio representa un alto porcentaje de los ingresos familiares, volviéndose inaccesible para los sectores medios y aquellos más humildes. Esto desnuda la dificultad o imposibilidad en el acceso a este tipo de servicios para aquellas familias con niveles de ingresos más bajos, dificultando a los integrantes de la familia – en especial a las mujeres – a incorporarse al mundo del trabajo y con ello a percibir mayores ingresos.
Puede verse de este modo, que cuando no encontramos al Estado garantizando el derecho al cuidado, prevalecen diversas realidades en las cuales la imposibilidad de poder prescindir de cuidar a algún integrante de la familia (niñes, personas mayores o discapacitados) dificulta el acceso al trabajo y la autonomía e independencia económica de las mujeres. Es por ello imprescindible incorporarse a los debates que se están desarrollando mundialmente respecto de concebir al cuidado como un nuevo derecho, un nuevo pilar que deben garantizar los Estados que se reconozcan como Estados de bienestar.
El proyecto estratégico para la reactivación de la Argentina tiene que considerar la centralidad de las políticas de cuidado, garantizando desde el Estado la provisión y regulación de servicios de cuidados que universalicen el acceso para quienes los requieran y garantizando condiciones dignas de trabajo y protección social de las y los trabajadores del cuidado. La situación de emergencia que estamos atravesando se constituye entonces en una oportunidad para repensar y diseñar una política tendiente a valorizar social y económicamente el trabajo del cuidado y a constituir esquemas de trabajo que formen parte de la trama de servicios y prestaciones que garanticen el derecho al cuidado por parte del Estado.
Las políticas de cuidado se deben erguir como un pilar fundamental para salir de la crisis, aliviando la situación social frente a la emergencia y abonando a la generación de trabajo y la reactivación económica. Las tareas de cuidado deben reconocerse así como trabajo y como parte del engranaje que pone en funcionamiento la economía. Entre estas medidas es fundamental avanzar en el reconocimiento de la función esencial que tienen las tareas de cuidado que desarrollan cientos de miles de trabajadoras de la economía popular en espacios comunitarios que, lejos de ser invisibles - sobre todo en este contexto -, garantizan el derecho al cuidado y a la alimentación en cientos de barrios populares. En este sentido, es imprescindible avanzar en el registro, reconocimiento y formalización de saberes y reconocimiento salarial de estas tareas permitiendo transformar la realidad muchísimas mujeres y promoviendo la actividad económica. Actualizar los debates sobre el bienestar debe contener la visión de estas tareas como esenciales para la vida y el desarrollo de un proyecto político y económico que combata las desigualdades de clase y género, garantizando derechos y oportunidades para todas y todos.
*Docente y socióloga. Directora de Cuidados Integrales MDSN. Mesa Nacional del Movimiento Evita. **Economista. Coord. Dirección de Cuidados Integrales MDSN. Movimiento Evita
1. Si bien las tareas de cuidado están cada vez más visibilizadas, la frase de Evita da cuenta – con los matices de su momento histórico – como en “La Razón de mi vida” ya manifestaba la necesidad de reconocimiento económico de las tareas de cuidado para fortalecer la autonomía e independencia económica de las mujeres.
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