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Del sujeto de derecho al sujeto de crédito

Por: Sebastián A. Hayes - Economista


Hace unas semanas el Secretario de Energía de la Nación anunciaba que los usuarios de gas abonarían en 24 cuotas una deuda de las distribuidoras de dicho servicio, originadas en diferencias entre el precio abonado por estás y el precio contractual pactado con las productoras, resultante de las variaciones en el tipo de cambio. Tras varios días de polémicas, el gobierno debió retroceder nuevamente sobre sus pasos, y desestimar, al menos parcialmente, su medida.


Pero más allá de la frustrada medida del gobierno, es importante analizar el trasfondo conceptual que la misma ofrece, lo que nos permitirá echar luz sobre un modus operandi de la actual gestión nacional.


La medida, que buscaba trasladar a los usuarios el riesgo empresario implícito en la actividad, fue presentada como un nuevo sacrificio presente en pos de una futura prosperidad ideal, un nuevo esfuerzo necesario que los argentinos debían encarar para poder corregir los acumulados errores del pasado y que, al fin y al cabo, no era otra cosa que pagar por algo lo que realmente vale. Pero la benevolencia lograda por la gestión del Gobierno nacional permitía a los usuarios encarar ese sacrificio en cuotas, eso sí, con interés.


Es en este punto que cobra particular importancia el análisis de la situación. Los ciudadanos argentinos han dejado de ser sujetos de derecho susceptibles de alcanzar mejores condiciones de vida por el acceso garantizado a servicios de primera necesidad, como los que revisten el carácter de públicos. En su lugar han sido reemplazados por meros usuarios de un servicio de prestación privada, integrado a las lógicas de valorización generalizadas en la economía argentina actual. Desde esta óptica, para el Gobierno que conduce actualmente el destino de todos los argentinos, el principal derecho al que pueden y deben acceder los usuarios es el de financiamiento. Es precisamente desde esta conceptualización que el gobierno diseña sus políticas, el derecho que debe ser garantizado por el Estado es que los ciudadanos puedan pagar en cuotas una deuda, es decir, garantizar su condición de sujetos de crédito.


Esta desnaturalización de las funciones del Estado se ven agravadas en el caso de la frustrada compensación por parte de los usuarios a las empresas, atento a que busca subsanar un pasivo que estos no contrajeron. Es decir, se buscó esconder detrás de una facilidad de pago una estafa cuya finalidad era la socialización de los pasivos privados.


Pero la lógica con la que operar el Gobierno argentino es más profunda que una mera medida coyuntural y responde a rasgos sistémicos del capitalismo contemporáneo. En los inicios del nuevo siglo los modelos neoliberales echaron mano a nuevos circuitos que llevarían a profundizar la transferencia de ingresos de los sectores trabajadores al capital concentrado, particularmente el financiero. Dichas transferencias tuvieron lugar escudadas en una ampliación y facilitación de acceso al endeudamiento de los sectores trabajadores, como contrapartida a un estancamiento en la dinámica ascendente de los salarios. De esta forma, proliferaron amplios sectores de la población que pudieron acceder a mayores niveles de consumo, no en tanto trabajadores con derecho a la movilidad social, sino en tanto sujetos de crédito con acceso al financiamiento. Esta dinámica fue la explotó en los centros del capitalismo mundial en el año 2008.


Es este paradigma del modelo neoliberal contemporáneo el que vino a instalar a la Argentina el gobierno de la alianza Cambiemos. Su esencia es la retracción de derechos que propician la movilidad social ascendente, escudados en las facilidades de acceso al financiamiento, en la creación de nuevos sujetos de crédito.


Sin embrago, lo crítico de la situación no termina ahí. Como se mencionó antes, por la gran controversia que provocada por la medida, la misma no prosperó. Como alternativa el Gobierno decidió que el Estado se hará cargo de tales pasivos, en una suerte de nueva estatización de la deuda privada.


Aparece en este punto un segundo rasgo del modelo neoliberal propuesto por el gobierno y que tiene un gran impacto en países como Argentina, a saber, la pérdida de soberanía nacional en manos de una cada vez más voluminosa deuda. El fin último sigue siendo asegurarle ganancias al capital concentrado, y el endeudamiento del país busca perpetuar esas garantías a costa de soberanía nacional. De esta forma, el Estado se asegura que la empresa prestataria del servicio de gas reciba su compensación en base a mayor deuda nacional.


Estos aspectos son los que propicia desde el Estado la alianza gobernante con su modelo neoliberal. De ahí la importancia de disputar la conducción del aparato estatal en países como Argentina.